La Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública (Ley de Transparencia), nació producto de una moción parlamentaria efectuada por los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín durante enero de 2005, como consecuencia de las deficiencias prácticas que hacían que los principios de transparencia y de acceso a la información pública se encontraran seriamente limitados a través de disposiciones reglamentarias. Lo anterior fue resultado de un proceso de transformación social, legislativo y de práctica estatal que tuvo como origen la sentencia de la Corte Interamericana en contra de Chile en el caso Claude Reyes de 2006 y las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Ética Pública de 1994 de promover el control social en los asuntos de interés público y regular el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Con la publicación de la antes referida ley, el 11 de agosto de 2008, y la consecuente entrada en funciones del Consejo para la Transparencia (CPLT), el 20 de abril de 2009, se inicia la consolidación de una institucionalidad autónoma que garantiza el derecho de acceso a la información pública, fiscaliza el respeto de su ejercicio y promueve su contenido a las personas, con el objeto de propender al fortalecimiento de la democracia. El establecimiento de la Ley de Transparencia persigue conocer el fundamento de los actos y decisiones de la autoridad gubernamental, la inhibición de conductas contrarias a la probidad, combatir la corrupción, impulsar una eficiente gestión de recursos públicos y contribuir a la gobernabilidad. El propósito del presente repertorio es facilitar a través de su consulta el conocimiento de la actualidad jurídica en las diversas áreas en que a este Consejo le corresponde pronunciarse, y servir de insumo a la discusión e intercambio de información sobre el devenir y evolución doctrinaria y jurisprudencial del Consejo para la Transparencia.
